Nacionalizar empresas y regular precios, parte de los temas de la comisión de Medioambiente que discutirá el pleno

Más de 105 artículos tiene el primer bloque de normas aprobadas en general por la comisión de Medioambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico.

La instancia, que coordinan Camila Zárate (Pueblo Constituyente) y Juan José Martin (Ind. No Neutrales), avanza en la construcción de su informe, el que deberá ser visto por el pleno en las próximas semanas.

El texto, que aún debe ser sometido a la votación en particular -de hecho, ya ingresaron 387 indicaciones- incluye materias que han generado apoyos y cuestionamientos en áreas como concesiones mineras.

En este punto, se plantea decretar la nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, mega proyectos de generación eléctrica y cualesquiera otros del mismo tipo que recayeren sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas. Esto, cuando estos permisos, autorizaciones o concesiones hayan sido otorgados o implementadas sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas del territorio o la debida consulta.

A esta propuesta se suman otras normas ya visadas en materia de crisis climática, medioambiente, biodiversidad, bienes naturales comunes y derechos de la naturaleza. Aquí el detalle de las que se estima podrían generar más debate:

- Proteger la salud de las personas en la ejecución de actividades económicas.

En caso alguno se admitirá la construcción de infraestructuras o el ejercicio de actividades económicas que impliquen la utilización de minerales o elementos reconocidos mortales, como el asbesto, o como dañinos a la salud.

- Derechos de los pueblos y naciones preexistentes a la tierra, territorio, recursos y bienes naturales. En los cinco primeros meses posteriores a la entrada en vigencia de la Constitución, el Gobierno de Chile deberá constituir y financiar una comisión especial, plurinacional y paritaria, encargada de desarrollar e impulsar las bases de una política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados. Dentro de los primeros tres meses de funcionamiento, la Comisión informará al Gobierno respecto a las demandas de restitución de tierras que cuenten con informe de factibilidad aprobado por la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena pendiente de ejecución, para que en el plazo de ocho meses se concluya su adquisición.

- Derógase la Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y se derogan todas las disposiciones del Código de Minería (ley 18248) que estuvieran en contradicción con las disposiciones de la Nueva Constitución.

- Soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es indispensable para el buen vivir y es el principio ordenador de las políticas agrícolas y alimentarias del país, cuyo objetivo será la producción de alimentos para el consumo interno.

- El Estado adoptará las medidas necesarias para regular los precios de los alimentos a modo de permitir un ingreso digno a las y los productores, y una adecuada disponibilidad y acceso equitativo a alimentos saludables para toda la población.

- El Estado generará normativas y políticas para combatir la concentración y extranjerización de su propiedad, cumpliendo con las normas de regulación económica, social y medioambiental que la Constitución y la ley determine.

- Nacionalización y Nueva Gestión Social y Ambiental de la Minería del Cobre, Litio y otros Bienes Estratégicos para el Buen Vivir. Los bienes naturales como el cobre, el litio, el oro, la plata, los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el uranio, el manganeso, el molibdeno, el cobalto, el boro, las tierras raras y otros minerales son bienes de carácter estratégico para el país, sin perjuicio de la consideración que las leyes o esta Constitución realice respecto de otros bienes y sectores de la economía, como bienes estratégicos.

- Empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos. Debido al interés de los pueblos de Chile y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado a disponer libremente de sus riquezas y bienes naturales, nacionalízanse y decláranse, por tanto, incorporados al pleno y exclusivo dominio del Estado las empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos, pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en territorio nacional.

El Estado tomará posesión inmediata de estos bienes en la oportunidad que determine el presidente de Chile, quien tendrá como plazo máximo de un año desde la promulgación de la nueva constitución para implementar dicha disposición.

- Principios fundamentales: La naturaleza tiene derechos. Toda actividad económica y social se desarrollará en armonía con el medio ambiente de forma tal de asegurar su protección, sustentabilidad intergeneracional, equilibrio ecosistémico y prosperidad común.